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“Forestal Trillium, Go home”: evocando un éxito ciudadano

La acción ciudadana contra la explotación forestal en Tierra del Fuego, que en los años noventa proponía Forestal Trillium, fue un conflicto socio-ambiental relevante. De esos que hacen historia. La articulación de la ciudadanía local con actores nacionales e internacionales y de ecologistas con parlamentarios, permitió obstaculizar la explotación y, a la larga, activar una gestión de sustentabilidad en esos bosques del sur del mundo. En junio de 1994, la empresa forestal estadounidense Trillium anunció el proyecto de explotación “Río Condor”, tras adquirir un megapredio de 256.416 hectáreas en Tierra del Fuego a la canadiense Cetec-Sel, que en 1988, y de “oferta”, lo había comprado a 5 dólares la hectárea al Estado de Chile. Fue el inicio de una larga y compleja trama de movilizaciones ciudadanas, presiones políticas y financieras, estudios, aprobaciones, reclamaciones y recursos de protección ambiental, todo en un contexto de expansión de la conciencia ecológica, nacional y planetaria, que culminaría el año 2004 con la creación de un parque para la conservación: Karunkinka. 

En el origen, un sector de la comunidad de Punta Arenas, liderada por FIDE XII (una fundación vinculada a la Iglesia), levantó las primeras voces de alarma a través de la “Campaña para La Conservación de los Bosques Nativos Sub-Antárticos de Magallanes”. Vía cartillas y reuniones informó sobre la familia Nothofagus (o Hayas del sur, en especial, lenga y coigüe) y su fauna y micro bio-sistemas asociados: turberas, hongos, musgos y líquenes endémicos. La empresa, como suele ocurrir en estos casos, se autoproclamó ambientalmente sustentable y generadora de empleos para Tierra del Fuego. Sin embargo, en lo ambiental, el proyecto invadía bosques nativos claves para la biósfera y, en lo social, la oferta de 800 puestos de trabajo aparecía como fuera de contexto considerando que las operaciones se realizarían distante de la única ciudad chilena en la zona, Porvenir, cuya cesantía era de 200 personas.

Aunque los antecedentes de Trillium en EE.UU. no avalaban su proclamado rigor ambiental, al menos en sus estudios en Chile la empresa trató de actuar seriamente, lo que fue reconocido incluso por ecologistas. Según Juan Manuel Draguicevic(1), “la empresa contrató a un connotado grupo de cientificos que aportó un significativo avance en el conocimiento del área. Claro que ni ese ni otros estudios aseguraba que la regeneración de los bosques sería tal.”

Esto último llevaría al colapso del proyecto: su insustentabilidad; argumento compartido por FIDE XII y el grupo ciudadano Pro Defensa del Medio Ambiente de Magallanes, ambos en la región, y por los Defensores del Bosque Chileno y el Instituto de Ecología Política, ambas ONG nacionales, además de parlamentarios transversales al tándem político: Girardi, Navarro, Horvath y Longton, entre los más visibles. Todos ellos, aunque con una previsible tensión entre la mirada local y nacional y la mirada ambiental y política, entre 1994 y 1998, promovieron acciones sociales, gestiones políticas, estudios e investigaciones que permitieron cuestionar el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa, lo que conllevó uno y otro obstáculo al proyecto original, ya sea postergándolo, complejizándolo, o encareciéndolo, contribuyendo así a su inviabilidad.

El informe técnico de los servicios públicos rechazó el proyecto, pero igual lo aprobaron en la instancia política. Ese fue el vamos de una aspera disputa política y legal que iría desde la presentación del primer recurso de reclamación ciudadano en el marco de la Ley de Medio Ambiente, hasta el primer y sucesivos recursos de protección presentados por los abogados Fernando Dougnac Rodríguez y Marcelo Castillo. Todas acciones que acotaron y resignificaron el proyecto original. Ya en 1996, un informe de CIPMA indicaba que “la cantidad de condiciones adicionales [resultado de la acción ciudadana y legal] que deberá cumplir la empresa es signficativa”, así como visionariamente se preguntaba: “¿hasta qué punto la serie de iniciativas que ha adoptado la empresa en la búsqueda de sustentabilidad social y ambiental del proyecto puede haber comprometido su rentabilidad comercial?”(2)

Para los directivos de FIDE XII no fue fácil la relación con las autoridades electas en democracia. La fundación, en dictadura, había destacado por su defensa de los derechos humanos y, ya en democracia, “pensábamos que preservar nuestro medio ambiente era también parte de los derechos a defender. Por eso nos resultó curioso que algunas autoridades favorables al proyecto –que en el caso de Trillium fueron nuestros detractores–, en dictadura habían trabajado o sido beneficiados por FIDE XII. Y cuando el proyecto se aprobó con tantas restricciones, muchas personas que no nos habían apoyado se hicieron la pregunta: ¿si hay tantos peros, por qué no se rechazó? La empresa siempre dijo que iba a cumplir; pero no pudo hacerlo, porque, tal como lo indicamos desde el inicio, el proyecto no era económicamente viable si se ejecutaba en forma ambientalmente sustentable”. (3)

Si bien entre 1997 y 1999 hubo faenas en zonas acotadas del predio, luego de los primeros seis años de disputa (con obstáculos, replanteamientos y retrasos), el 2000, Trillium (reconvertida en Forestal Savia) decidió reorientar el proyecto, minimizando la explotación maderera y añadiendo el ecoturismo y la venta de bonos de carbono. Luego, el 2001, la empresa, en una profunda crisis financiera, lo dio por terminado.

Entre el 2002 y el 2003, con una Trillium incapaz de cancelar una millonaria deuda a sus acreedores, el megapredio pasó al banco Goldman Sachs. En esos mismos años, directivos del banco participaban en un fondo internacional, a iniciativa de Al Gore, para empresas gestionadas con responsabilidad social. En ese contexto, grupos verdes solicitaron a Goldman Sachs el traspasó de las 272 mil hectáreas a la ONG ecologista Wildlife Conservation Society (WCS). En septiembre del 2004, el banco accedió. Fue un ganar-ganar. Goldman Sachs, beneficios tributarios (cuya ley condicionó que las tierras pasaran a una ONG estadounidense); WCS obtuvo un gran parque para la conservación; el ecologismo con conciencia planetaria recibió con satisfacción la conservación de bosques nativos en el hemisferio sur; y los magallánicos vieron así nacer el Parque Natural Karunkinka. (4)

 Hoy, según la opinión de Draguicevic, “Karukinka es más de lo que en algún momento pudimos imaginar. Es un desafío abrir cada día más canales para el conocimiento de los magallanicos y chilenos de este parque natural. Su estudio da luces sobre el cambio climático y su conservación es garantía incluso de la sobrevida de nuevas especies, que aún se descubren. Nuestra experiencia fue intensa, motivadora y un orgullo, pues se inspiraba en la sustentabilidad. Es lamentable sí que el país ni sus instituciones hayan aprendido. Casi 20 años después, otros megaproyectos, HidroAysén, por ejemplo, nuevamente hablan de puestos de trabajo y de un desarrollo económico basado en un modelo inequitativo, concentrador y excluyente. Y de nuevo la acción y participación ciudadana lo ha venido obstaculizando, esperemos que hasta su inviabilidad. Hay que seguir fortaleciendo los movimientos ciudadanos. La verdadera democracia no es solo votar por un presidente o parlamentario, es por sobre todo participación. No en vano, Chile salió de una dictadura gracias a la fuerza de la gente”.

 

Notas

1) Este artículo debe mucho a una entrevista con Draguicevic, activo protagonista del movimiento ciudadano anti Trillium, primero como profesional y luego como director de medio ambiente de FIDE XII.

2) Fuente: http://www.cipma.cl/web/200.75.6.169/RAD/1996/4_Villarroel-Torres.pdf

3) Ídem nota 1.

4) En http://www.karukinkanatural.cl hoy se define al parque como “un nuevo modelo para la conservación de la biodiversidad, en una alianza formal entre un gigante financiero y una prestigiosa ONG de conservación internacional, algo que no tiene hasta ahora réplica en el mundo”.

 

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